Así es el decreto de la Presidencia para liberar a los detenidos de la primera línea

Toda una discusión ha desatado un decreto ya firmado por el presidente de la República, Gustavo Petro, con el que se busca crear una comisión especial que estudie varios casos de “ciudadanos pertenecientes a organizaciones sociales y humanitarias que se encuentren privados de la libertad”.

La denominada “Comisión Intersectorial para la Promoción de la Paz, la Reconciliación y la Participación Ciudadana” ya quedó establecida y es integrada por el ministro de Justicia, Néstor Osuna; el ministro del Interior, Alfonso Prada o un delegado de la cartera; el ministro de Defensa, Iván Velásquez o un funcionario de la cartera delegado; así como los directores del Departamento Administrativo de Presidencia, Mauricio Lizcano o, en dado caso, un delegado.

Aunque el decreto habla de estudiar casos de cualquier persona que haya sido capturada siendo miembro de “organizaciones sociales”, dentro de estas se incluyeron casos de jóvenes que fueron acusados de diversos crímenes como parte de su acción dentro de la denominada Primera Línea, creada el año pasado en el marco del paro nacional.

Además, según declaró el gobierno, los ciudadanos que sean liberados podrían llegar a formar parte del comité que hace parte del proceso de paz que retomó el Estado con los diálogos para terminar el conflicto armado con el ELN.

Precisamente sobre el tema, el jefe negociador del gobierno Otty Patiño declaró en pronunciamientos recogidos por Blu Radio:

“Agradezco mucho las ideas que nos estás dando de que muchos de estos gestores de Primera Línea apoyen este proceso, realmente necesitamos mucha participación. Pablo Beltrán ahora hablaba de una alianza que debe sobrepasar a los que estamos acá negociando, incluso, a quienes no están acá, pero reciben un impacto directo sobre lo que aquí se trabaja, va mucho más allá porque el presidente Petro ha planteado la necesidad de que todo esto desemboque en un acuerdo nacional, que la paz no sea transitoria y sea definitiva, que participe toda la Nación más allá de ideologías y partido”.

Sin embargo, varias figuras se han mostrado reacias al tema, pues desde distintas perspectivas los integrantes de la Primera Línea están siendo vistos como un grupo ilegal cuando en realidad nunca estuvieron constituidos como tal.

Ante esto, el senador Humberto de la Calle se pronunció declarando que es un error por parte del gobierno pasar por encima de la justicia. “La idea de liberar a la Primera Línea afecta más a la clase media urbana. El Gobierno ha comenzado a recorrer un camino difícil más cuando los elementos jurídicos no están claros, porque los voceros que prevé la ley de orden público solo permiten la suspensión de las órdenes de captura cuando aquí hay personas condenadas y personas que han sido juzgadas”, expresó De la Calle.