La ex del hijo del presidente fue la que prendió el ventilador de este escándalo.
Desde que Day Vásquez se separó de Nicolás Petro tras una infidelidad, su nombre comenzó a tomarse los titulares de la prensa y tomó más fuerza cuando en una entrevista con Semana reveló que su expareja tenía millones de pesos que aparecieron de manera injustificada y que habría tomado de la campaña del entonces candidato Gustavo Petro.
Tras esas revelaciones, la Fiscalía anunció una investigación a Nicolás Petro y en su momento el presidente de la república aseguró que no se iba a interponer y dijo con tristeza que la realidad era que el no había criado a su hijo. Tras estas declaraciones, los detractores de Petro no dudaron en criticar su actuar y señalar que él sí estaba enterado de lo ocurrido.
El fin de semana pasado, la Fiscalía legalizó la captura de Nicolás Petro y su exesposa Day Vásquez. El operativo de captura lo ejecutaron integrantes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI),quienes aseguraron que cumplieron, todos los requisitos de ley y garantizando los derechos fundamentales de los investigados. Además, la presentación ante el juez se hizo antes del tiempo limite para iniciar la audiencia de legalización, y previamente se permitió que los abogados defensores tuviesen entrevista con sus defendidos y le comunicaran a familiares cercanos su detención.
Luego se conoció que Nicolás Petro aseguró que iba a colaborar con la investigación. “Quiero anunciar a Colombia que hemos decidido iniciar un proceso de colaboración donde me referiré a nuevos hechos y situaciones que ayudarán a la justicia. Lo hago por mi familia, y por mi bebé que viene en camino” aseguró Nicolás Petro Burgos.
Esta manifestación fue ratificada por el abogado José David Teleki: “Mi defendido y su bancada de defensa han decidido iniciar un proceso de colaboración con la administración de justicia para ayudar en el esclarecimiento de nuevos hechos e involucramiento de otros sujetos que no son conocidos por el ente instructor y en ese camino ayudaremos a la administración de justicia”.
Lo mismo ocurrió con Dey Vásquez quien también aseguró que iba a colaborar con la justicia. Su participación en este proceso que tiene muy mal parado, en este momento al presidente, Gustavo Petro ha llevado a que los colombianos se pregunten por las raíces de esta mujer.
El nombre completo es Daysuris Vásquez Castro y creció en un barrio popular en Barranquilla donde luego conoció al que hoy es su exesposo, Nicolás Petro.
El barrio en el que creció Day fue Santo Domingo de Guzmán un barrio estrato 1, donde Nicolás Petro también vivió mientras ayudaba a su padre, el hoy presidente Gustavo Petro, con la candidatura a la presidencia en el 2016.
Day tiene una hermana patrullera de la que se dice se le habría ofrecido pasar unas propiedades pero que decidió de manera tajante rechazar la propuesta. Justo hace pocos días la hermana de Vásquez le envío un mensaje a su hermana para darle apoyo por todo lo sucedido.
Vale la pena resaltar que la Fiscalía le imputó a Nicolás Petro Burgos los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos; y a Dey Vásquez le formuló imputación por lavado de activos y violación de datos personales.
Y es que según reveló el ente acusador, los peritos fiscales, contables y financieros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) al realizar estudio de declaraciones de renta, certificados de pagos neto de la Asamblea del Atlántico, extractos bancarios y revisión de otros documentos públicos, advirtieron un desbalance de ingresos y gastos realizados por Petro Burgos. Lo que significaría que tuvo un aumento de su capital de manera injustificada como servidor público.
Es así, que para el 2022 los ingresos por la actividad profesional del hoy investigado, como diputado de la Asamblea del Atlántico, y reportados en su cuenta de ahorro, eran de 280 millones de pesos y no se tiene registro de otra actividad que represente un recurso adicional, pero se tiene que los gastos reportados alcanzan los 1.205 millones de pesos, por lo tanto, existe un incremento patrimonial injustificado por 1.053 millones de pesos.