Mientras los empresarios expresan su preocupación por la propuesta del actual presidente de la República, los trabajadores ven alternativas favorables.
El borrador del proyecto con el que el Gobierno Petro busca cambiar el sistema laboral colombiano y que se radicaría ante el Congreso el próximo 16 de marzo, ha dado mucho de qué hablar entre empresarios, trabajadores y expertos en economía. Mientras unos expresan su preocupación por lo que puede pasar con los cambios que se planean implementar, otros lo ven con esperanza e indican que ven alternativas favorables.
Según el actual presidente de la República, con este documento se busca dignificar a los empleados de Colombia devolviendo algunos beneficios que reformas anteriores quitaron o modificaron como las horas extra, los días de vacaciones, la jornada laboral, entre otros.
En entrevista con Semana, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, explicó que los tres ejes de este proyecto serán: principios, lo laboral individual y lo laboral colectivo. “Ya empezamos a discutir los principios: la igualdad de oportunidades para los trabajadores, la remuneración mínima y vital, la estabilidad del empleo, el principio de favorabilidad y la progresividad”, dijo.
Por otro lado, destacó que “tendrá como objetivo proteger a la persona trabajadora”, razón por la que se trata la estabilidad laboral, pues según señaló, “ahí está el contrato a término indefinido como regla general. Es decir, pretendemos reducir a su mínima expresión los contratos a término fijo. Aquellas órdenes de trabajo por seis, ocho o nueve meses van a disminuir”.
Y agregó: “La meta es que el trabajador sienta que tiene una estabilidad y, por tanto, una seguridad social como hoy está: una parte la paga el trabajador y la otra el empleador”.
Con esto pretenden que se acabe eso que existe actualmente “y es que cada cuatro meses a usted le hacen un contrato y tiene que ir y volver a afiliarse a la seguridad social, sacar de su peculio, pero además quedarse un mes trabajando gratis”.
Anuncios con los que se pretende dignificar a los empleados de Colombia:
* Jornada laboral, horas extra y recargos nocturnos y festivos
El artículo 20 del borrador establece que la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo es ocho horas al día y 42 horas a la semana, las cuáles podrán ser distribuidas, de común acuerdo entre empleador y trabajador, en cinco o seis días a la semana.
Además, el mandatario propuso que los sábados se consideren horas extras y el artículo 19 menciona que el trabajo diurno se realiza entre 6:00 a.m. y 6:00 p.m., y el nocturno de 6:00 p.m. a las 6:00 a.m. del día siguiente.
También se busca que el recargo por laborar un domingo o festivo no sea del 75 % como actualmente funciona, sino que suba al 100 %.
* Contratación
En este punto se espera que los contratos por prestación de servicios se limiten y se utilicen de manera adecuada, es decir, para labores específicas y especializadas.
* Pago por contrato laboral
Se busca que el contrato de aprendizaje vuelva a ser laboral y que cuente con todas las garantías de seguridad social, salario y demás obligaciones.
* Despidos
Los procesos de despidos sin justa causa serían más complejos. El artículo 4 el borrador indica que si una persona es despedida injustificadamente “tendrá derecho a optar entre ser reintegrada al cargo que desempeñaba o a otro de iguales o mejores condiciones con el reconocimiento de salarios y prestaciones sociales”.
* Más trabajo en el sector rural
Se planea fortalecer el empleo en el sector rural para que todos los trabajadores del campo puedan acceder a un trabajo digno y decente.
* Regulación de apps
El proyecto también abordará temas de negociación colectiva para establecer garantías en el trabajo y el acceso a la información y a seguridad social.
* Estabilidad laboral reforzada
Esta propuesta busca cobijar a las madres y padres cabeza de familia, personas con discapacidad, mujeres embarazadas y prepensionados (aquellos a tres años o menos de jubilarse).
Diferentes expertos señalan que el proyecto se centra en la estabilidad laboral, pero no cuenta con elementos clave para resolver la problemática de desempleo. De hecho, la ministra de Trabajo reconoció en entrevista con Semana que uno de los riesgos que hay con la reforma es que algunos empleadores del sector privado elijan despedir personal en lugar de asumir más cargas laborales al contratarlos de planta.
Por su parte, los sindicatos y empresarios insisten en que los contratos por prestación de servicios deberían mantenerse. “Tanto el sector público como el privado los necesitan”, aseguró al mismo medio la presidenta de Acopi, Rosmery Quintero.